A 14 años de la firma del Estatuto de Roma, son muchos los desafíos que salpican el camino hacia el fortalecimiento del concepto de justicia internacional.
Tras la firma del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, hace ahora 13 años, el 17 de julio quedó marcado como el día mundial de la Justicia Internacional. La fecha sirve como recordatorio de la necesidad de que los Estados se comprometan en la lucha contra la impunidad y en la persecución de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad, sea cual sea su origen.
En un principio, 120 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas firmaron el Estatuto de Roma que puso las bases para el nacimiento, cuatro años después, de la Corte Penal Internacional. Con sede en la ciudad holandesa de La Haya, la Corte es el órgano responsable de velar por la aplicación del Estatuto. En la actualidad, el número de países firmantes del tratado ha aumentado a 139 y 116 países lo han ratificado. Sin embargo, entre los países que aún no se han acogido al mandato de la CPI figuran grandes potencias como los Estados Unidos y China, por citar dos ejemplos, lo que hace que surjan interrogantes sobre el verdadero poder de la Corte para lograr que se haga justicia.
Los defensores de derechos humanos consideran imprescindible que se consolide el tribunal para que se puedan juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad en cualquier parte del mundo. Para ello es necesario que los países ratifiquen el estatuto de Roma y en ello trabaja activamente la Coalición por la Corte Penal Internacional, que agrupa a más de 2.000 organizaciones no gubernamentales.
Compromiso latinoamericanoEn el caso de América Latina, los gobiernos han demostrado un fuerte compromiso con la Corte. Las organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios de gobiernos y parlamentarios se han unido para hacer de Latinoamérica una de las regiones que más apoya a la Corte. A la fecha, de los 17 Estados de la región, 14 han ratificado o adherido al Estatuto de Roma de la CPI. El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países que aún no han finalizado su proceso de ratificación.
Asimismo, es importante trabajar en el proceso de implementación del Estatuto de Roma en la legislación local y algunos países, como Brasil y Bolivia, tienen iniciativas de legislación de implementación avanzadas. En otros, como Perú, se han llevado a cabo los trámites necesarios para reformar su código de procedimientos penales, incluyendo la adopción de un capítulo completo sobre cooperación con la CPI. Otros países, como Ecuador, México y Paraguay, han iniciado el proceso, pero aún deben continuar sus esfuerzos para armonizar sus leyes nacionales con las obligaciones emergentes del Estatuto de Roma.
Lucha contra la impunidad
La Corte investiga actualmente los crímenes cometidos en cuatro países: Norte de Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Sudán (Darfur) y la República Centroafricana. Además, ha dado orden de captura contra Omar Al Bashir, presidente de Sudán, y contra el presidente libio Muammar Gadafi. Los países que no se han acogido al mandato de la CPI no tienen obligación de observar sus requerimientos, por lo que es poco probable que al Bashir o Gadafi sean llevados ante el tribunal. Aún así, a pesar del escepticismo y las dudas inherentes a la viabilidad de un sistema internacional de justicia, cada vez se habla más del concepto de justicia internacional y no se puede desdeñar el esfuerzo que se dedica a extender aún más su cobertura.
En este sentido, cabe recordar los procesos que se siguen en los llamados tribunales ad hoc, instaurados por la ONU, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o el Tribunal para Ruanda en los cuales se siguen procesos judiciales que han acaparado la atención mediática internacional, así como los intentos de algunos jueces por llevar ante la justicia a ex dictadores latinoamericanos.
Fuente: RADIO NEDERLAND, LA EMISORA INTERNACIONAL HOLANDESA
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